Cuando el camión de la basura pasa por su calle los recolectores no saben si usted o sus vecinos están al día con el pago de este servicio, es decir, no discriminan entre los munícipes que pagan a tiempo y los que no pagan o presentan un atraso. En caso de que lo pudieran hacer, no dar el servicio a los que incumplen sería una opción poco eficiente pues impondría externalidades negativas a los que sí pagan, por el cúmulo de desperdicios que generaría a su alrededor y las consecuencias sobre la salud y el medioambiente que esto pudiera acarrear. Esta situación convierte al servicio de recogida de basura en el país en un bien no excluible, y por ende, en caldo de cultivo para el problema del free-rider −o problema del polizón−.[1] Este último, bajo el entendido de no enfrentar alguna consecuencia por incumplimiento decide no pagar el servicio.

Fruto de lo anterior, no sorprendería pues la importante brecha que presentan las alcaldías entre el total facturado por el servicio de recogida de basura y el total cobrado. Por ejemplo, en el período agosto 2017 a julio 2018, el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) facturó por servicio de recogida de basura cerca de RD$ 974 millones, sin embargo, sólo cobró un 52.6% de ese monto.[2] El monto no captado, RD$ 466.6 millones, representó casi el 75% del requerimiento de financiamiento de la institución presupuestado para el año 2018.[3]

Ante esta situación, aprovechamos la oportunidad para acercamos a la pasada administración del ADN y proponerles el pilotaje de diferentes iniciativas costo-eficientes con miras a fomentar el pago de la recogida de basura en esta demarcación. La principal de estas iniciativas consistió en el diseño e implementación de una Prueba Aleatoria Controlada o RCT[4] −por sus siglas en inglés− mediante la cual enviamos cartas con dos tipos de mensajes −nudges− a una muestra de edificios que presentaban un atraso en el pago del servicio de recogida de basura. Como hemos destacado en artículos previos, el diseño experimental permite sortear el principal problema de cualquier investigación: el sesgo de selección. Al seleccionar de manera aleatoria los inmuebles que recibirían uno de los dos tipos de carta y a los que entrarían en el grupo control, cualquier diferencia ex post en el comportamiento de pago entre los edificios en la muestra la podemos atribuir de manera fehaciente a las cartas.  

Un primer grupo de edificios recibió la carta que informaba sobre posibles consecuencias de la falta de pago con respecto a la venta de propiedades y al historial de crédito −mensaje tipo consecuencias−. El segundo grupo recibió la carta que revelaba que el inmueble se encontraba dentro de la minoría en su sector que presentaba un atraso en el pago del servicio −mensaje tipo norma social−. Adicionalmente, ambos tipos de cartas informaban sobre la deuda acumulada a la fecha según la base de datos de la Alcaldía. Un tercer grupo de edificios no recibió ningún tipo de comunicación, sirviendo como grupo control.

Este tipo de intervención tiene su origen en la literatura ya extensa sobre los efectos en el comportamiento de intervenciones informacionales −informational nudges− que apelan a motivaciones tanto intrínsecas como extrínsecas. Esta línea de investigación tiene su origen en los trabajos teóricos sobre el pago de impuestos −tax compliance− que proponen como principales determinantes del pago: la percepción del contribuyente sobre el nivel de fiscalización y de las multas, su percepción sobre el comportamiento de otros contribuyentes y también sobre el uso de los recursos recaudados por el estado.[5]

En este sentido, queda claro que el primer tipo de carta, con el mensaje tipo consecuencias, trataba de apelar al primero de los determinantes anteriores. De hecho, a partir de diciembre 2007, cuando una factura tiene tres meses o más de vencida, esta información es enviada por el ADN a los dos burós de crédito que operan actualmente en el país, afectando así el historial de crédito de la persona o empresa responsable del pago del servicio.[6] Aprovechamos el desconocimiento generalizado de la población sobre esta política del ADN para hacerla más sobresaliente.

Por otro lado, la carta con el mensaje tipo norma social apelaba al segundo determinante del comportamiento de pago sugerido más arriba, y la lógica es la siguiente: si la percepción del individuo es que la mayoría en su sector no está al día con el pago de la basura, proveer información de que la mayoría sí lo está podría promover que él también cumpla al corregir su percepción errónea sobre el nivel de cumplimiento de sus pares.[7] Claro está, lo anterior tiene sentido siempre y cuando el nivel de cumplimiento en el grupo de referencia es alto, de ahí la necesidad en nuestro caso de restringir la  muestra a sectores con una tasa de cumplimiento relativamente alta.     

Para ser incluido en la muestra, el inmueble debía: ser de uso residencial, haber transcurrido más de seis meses desde la última fecha de pago, contar con más de seis facturas vencidas, contar con información de deuda en la base de datos y estar ubicados en sectores donde el 50% o más de los edificios estaban al día con el pago del servicio. De esta manera, la muestra quedó conformada por un total de 600 edificios aproximadamente –6,782 apartamentos−, distribuidos equitativamente y de manera aleatoria entre los tres grupos experimentales. Adicionalmente, la asignación anterior se hizo al interior de cada sector lo que nos permite controlar por posibles diferencias en la frecuencia del servicio –proxy de calidad en este caso−.

Más del 60% de los edificios seleccionados se encuentran en los sectores de: Bella Vista, Los Millones, Mirador Norte, Los Cacicazgos, Naco, Renacimiento, Ensanche Quisqueya, Evaristo Morales, Gazcue, Piantini y Paraíso. Las cartas fueron enviadas entre los meses de diciembre 2018 y febrero 2019 en un sobre sellado y se depositaron tantas cartas como número de apartamentos indicaba la base de datos del ADN para el edificio correspondiente. Sólo se realizó un envío por inmueble durante la duración de la intervención.

Tres meses después de enviadas las cartas, el mensaje tipo consecuencias produjo un incrementó estadísticamente significativo en la incidencia de pago de 13.5% en promedio.[8] Si tomamos en cuenta que la incidencia de pago en el grupo control fue de 15% durante el período de análisis, el efecto anterior elevó el cumplimiento en el primer grupo a un 28.5%. Con respecto al total pagado, el mensaje tipo consecuencias supuso un incremento de aproximadamente RD$ 13,823 en promedio por edifico afectado. El cálculo de la razón costo-beneficio para este primer tipo de carta indica un retorno de alrededor de RD$ 8.5 por cada peso invertido. Tomando en cuenta que tanto el servicio de impresión como el de envío fueron subcontratados para este piloto por los investigadores, el análisis resulta conservador bajo un escenario donde el ADN quede a cargo de la impresión y el envío de las cartas aprovechando la logística de su proceso de facturación. Por otro lado, el mensaje tipo norma social tuvo un efecto cercano al 5% en promedio pero no resultó ser estadísticamente significativo.

Identificar cuáles fueron los mecanismos que indujeron un cambio en el comportamiento de pago a partir del mensaje tipo consecuencias estuvo fuera del alcance del proyecto. Sin embargo, los resultados sugieren que los mecanismos más plausibles están relacionados con un incremento en el costo percibido de no pagar el servicio y/o una mayor fiscalización por parte del ADN. En todo caso, podemos descartar que los efectos estimados se deban simplemente a un efecto recordatorio, pues en dicho caso, los efectos encontrados debieron ser similares para ambos tipos de carta.

Por otra parte, no haber encontrado efectos del mensaje que apelaba a la norma social lleva a reflexionar sobre la pertinencia de este tipo de mensajes en contextos donde el sistema de fiscalización –o régimen de consecuencias− todavía es incipiente y donde las consecuencias implementadas que sí tendrían efecto son poco conocidas por los ciudadanos.

Más allá de lo interesante y relevante de la problemática en cuestión, en otras latitudes, la intervención anterior hubiese conllevado como mínimo una discusión amplia de sus conclusiones y de su potencial aplicabilidad en otros contextos de interés nacional. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, pilotos como este dieron origen hace más de diez años a la creación del Behavioral Insight Team (BIT) adscrito a la Oficina de Gabinete del Reino Unido, y hoy en día evalúa políticas en prácticamente todas las áreas de la vida pública. En cambio, aquí en el Trópico, si acaso alcanza para material de un blog y bajo el supuesto de que usted me haya privilegiado con su lectura hasta este punto.   

Notas:    

[1] El término free-rider tiene su origen en el Viejo Oeste norteamericano durante la época del contrabando de ganado y hacía alusión a los ganaderos que no contribuían al financiamiento del sistema de seguridad establecido para combatir este flagelo en la medida que creían se podían beneficiar del mismo sin aportar al sistema.

[2] Memoria Anual ADN 2017-2018.

[3] Proyecto Presupuesto ADN 2018.

[4] Randomized Control Trial.

[5] Para el lector interesado ver: Andreoni, James, Brian Erard, y Jonathan Feinstein (1998). Tax Compliance. Journal of Economic Literature, 36(2): 818–60.

[6] Si bien las instituciones de crédito en el país no suelen incorporar todavía el comportamiento de pago de los servicios en sus modelos de originación de crédito, este se refleja en su historial de crédito y puede afectar de forma negativa el acceso a productos y servicios financieros.

[7] Siguiendo la literatura en normas sociales desarrollada por el psicólogo Robert Cialdini, el mensaje tipo norma social empleado en nuestra investigación pertenece al grupo de descriptive norms (lo que los otros hacen) a diferencia del grupo de injuctive norms (lo que los otros piensan que se debe hacer).  

[8] La incidencia de pagos se refiere en este a si el inmueble en cuestión realizó al menos un pago durante el período.