En marzo del 2005 partí hacia Chile a realizar la maestría en Economía sin una idea acabada todavía de la importancia de esta ciencia para la sociedad ni de su incidencia en mis planes futuros. Una de las mejores vivencias de aquellos dos años fue experimentar tanto el rigor como la utilidad de estudiar en una universidad de nivel comparable a instituciones reconocidas del primer mundo. Por otro lado, y por primera vez, pude apreciar la figura del profesor investigador, que, además de impartir sus cátedras de manera religiosa, dedicaba la mayor parte de su tiempo a la investigación. Esta última trascendía los debates en clase y los seminarios organizados por la facultad, llegando a tener incidencia directa en la política pública de aquel país largo y angosto. Sin duda, la experiencia sembró la semilla de un interés que se volvería muy resistente.

De regreso al país, aquel interés siguió arraigándose, por lo que decidí aplicar a un programa de Doctorado en los Estados Unidos. A medida se acercaba la hora de la partida, debía de convencerme plenamente de seguir el camino arduo que implica la investigación o no continuar esa vía, pues el objetivo principal de estos programas es precisamente formar investigadores. Durante esta etapa, esa inclinación engendrada durante la maestría se terminó transformando en una inquietud incesante, casi una obsesión, por contestar preguntas relevantes en áreas de interés ꟷ¿y acaso no es esta inquietud el motor impulsor de la ciencia?ꟷ.

Culminado mis estudios doctorales, y como todo recién egresado de vuelta a su país, llegué con muchas ideas y anhelo de aportar, pero me reencontré con una realidad que poco había cambiado, y donde la investigación, por lo menos en ciencias sociales, sigue en un estado incipiente, por emplear un eufemismo. En vísperas del 2021, la figura del profesor investigador sigue siendo casi un mito, donde la mayoría de los profesores universitarios sólo imparten docencia, sin entrar en detalles sobre el pago por crédito que reciben a nivel de licenciatura, para no provocar más desalientos al lector, en tiempos ya difíciles.

A la fecha, no existe en el país una institución privada o pública, más allá del Banco Central, que cuente con una estructura de incentivos que le permita a algún osado desarrollar una agenda de investigación propiamente tal. En resumidas cuentas, la realidad es que la investigación no termina de entrar en la función de utilidad institucional de ninguna entidad en el país. No es casualidad pues que en el Índice De Competitividad Global del Foro Económico Mundial del 2018, en el caso de la República Dominicana, el segundo pilar con más baja puntuación sea el de Innovación ꟷsólo detrás del pilar de Institucionesꟷ, y dentro del primero, el peor indicador es el de Calidad de las Instituciones de Investigación Científica con un ranking de 128 entre 137 países.

Hace pocos años, circuló una propuesta del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología (MESCYT) para fomentar la investigación en las instituciones de educación superior. Si bien el incentivo económico representaba un avance importante con respecto al status quo, creo recordar que el plan incluía 20 horas de instrucción a la semana; queda claro, que las personas que diseñaron dicha propuesta no comprendían el alcance y el contexto del tema, pues tal carga docente resulta prohibitiva para fines de lo que se supone se pretendía impulsar originalmente. Ahora bien, la República Dominicana no es o no ha sido la excepción con respecto a este tema en la región. Nuestro caso es muy similar, por ejemplo, al caso de Colombia hace aproximadamente 30 años. Según me han explicado amigos colombianos, desde aquel entonces, el Banco Central de Colombia o Banco de la República asumió el compromiso de empezar a cerrar esa brecha, y como resultado, de dicha institución han salido gran parte de los investigadores que han desarrollando los departamentos de investigación de las universidades colombianas, con el correspondiente impacto positivo en la calidad y reconocimiento internacional de estas en las últimas décadas.

Si hasta ahora los he aburrido con esta breve reseña sobre el estado de la investigación en el país, permítanme pasar ahora a sus externalidades negativas más relevantes.

En primer lugar, dado el contexto descrito anteriormente, me resulta difícil alentar a los jóvenes que desean seguir formándose en el exterior y que tienen inclinación por la investigación. En todo caso, luego de tantos años de esfuerzo, considero raya casi en la irresponsabilidad no exhortarlos a desarrollar ese interés en otras latitudes una vez terminados sus estudios.

Por otro lado, la falta de investigación va en detrimento del nivel de discusión de política pública, y por ende, del progreso mismo de un país. Se supone que la investigación apoye la toma de decisiones pues su fin ulterior es una política pública más efectiva y eficiente. Dentro de este contexto, tomemos por ejemplo, el caso de la evaluación de políticas públicas, muy influenciada en las últimas dos décadas por la revolución científica provocada por la Economía del Comportamiento y la Economía Experimental. Cada día, son más frecuentes los casos de países que incluyen componentes de evaluación en la ejecución de sus políticas, lo que les permite, primero, cuantificar el impacto de estas, y a la vez, rediseñar programas para hacerlos más costo-efectivos o descontinuar aquellos que no lo son.

Sin embargo, cada año se desaprovechan en la República Dominicana oportunidades valiosísimas para medir el efecto de políticas con gran impacto social e incluso aportar al acervo científico, sin que nadie repare en ello. Que mejor ejemplo que el 4% del PIB para la educación, que permitió expandir el Programa de Alimentación Escolar, iniciar y escalar el programa de Jornada Extendida, la construcción de cientos de escuelas, entre otras iniciativas. Tras ochos años y más de 20,000 millones de dólares gastados al día de hoy ꟷen la nota al pie se encuentra la fuente para el lector interesado en replicar el cálculoꟷ, el impacto que seguro han tenido algunas de estas iniciativas no cuenta con ningún aval riguroso de su efecto.[1] Pudiéramos escribir un pequeño tomo sobre las oportunidades perdidas y su relevancia sólo en años recientes ꟷmaterial para otros blogsꟷ.

Las pocas evaluaciones de envergadura llevadas a cabo en el país han sido el resultado de la inclusión de un componente para tales fines en proyectos financiados por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, más algunas escasas excepciones de otras instituciones internacionales. A partir de lo anterior, un observador externo pudiera inferir que: o no se tiene la capacidad al interno del país para discutir y llevar a cabo este tipo de iniciativas o simplemente no existe interés en ello. Aunque ambas posibilidades son lamentables, coincidiríamos en que resulta más lúgubre la segunda, pero también la más aplicable al caso dominicano.

Y es que el tema de evaluación, como la investigación misma en sentido amplio, implica tiempo, formación, planificación, voluntad de los tomadores de decisión, en fin, requiere esfuerzos notables para encarar los temas realmente importantes, y no sólo los urgentes. Entonces, la pregunta: ¿quién da el primero paso? Hasta tanto, la investigación en el país seguirá siendo sólo un caro pasatiempo.